Amnistía Internacional avala los indultos a Sànchez y Cuixart pero avisa que las violaciones de sus derechos persisten

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional "acogería con satisfacción" los indultos a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, pero recuerda que "las violaciones de sus derechos humanos persisten". De hecho, la entidad considera que "nunca tendrían que haber estado en prisión".

"Damos la bienvenida a cualquier medida que suponga poner fin a la injusticia de su prisión. No obstante, el indulto solo supone el perdón de la pena, pero no la anulación de la condena, como tendría que pasar", ha expresado Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional en Cataluña.

La entidad se ha reunido con los dos presos independentistas después de que el Tribunal Constitucional haya desestimado los recursos de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo. Y ha afirmado que "explorará todas las posibilidades para continuar denunciando las violaciones de sus derechos humanos, como la libertad de expresión y reunión pacífica", también "la supervisión del proceso judicial ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" (TEDH).

Amnistía Internacional también insiste en que "la condena por un delito de sedición y denegación de amparo posterior por el Tribunal Constitucional constituyen una restricción indebida de sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión contraria a los derechos humanos".

Asimismo, lamentan que las instancias judiciales españolas "no han tenido en cuenta lo que han señalado varios mecanismos internacionales de derechos humanos, como la Organización por la Seguridad y la Cooperación a Europa (OSCE) y el TEDH".

Por otro lado, la organización pide a las autoridades españolas que revisen con urgencia el Código Penal el concepto de delito de sedición "para asegurar que no criminaliza actos pacíficos de desobediencia civil y que no restringe indebidamente la libertad de reunión pacífica o de expresión".

El Gobierno prevé unos indultos "impecables" y difíciles de recurrir

De hecho, critican la "vaguedad" de la definición del delito de sedición y la interpretación hecha por el Supremo en su sentencia y apuntan que son "contrarias al principio de legalidad".